Primera versión en Rebelión el 24 de julio de 2024

La abolición de la esclavitud en el entorno del Atlántico va produciéndose a lo largo del siglo XIX, impulsada por consideraciones humanistas y enfrentando intensa oposición por parte de los poderes económicos beneficiados por la trata. En el caso de España y sus posesiones de ultramar, el proceso es particularmente dilatado y complejo, como se evidencia en el monumental trabajo El antiesclavismo en España y sus adversarios, del historiador José Antonio Piqueras (1955), recién editado por Catarata. El libro ofrece un recorrido pormenorizado por los intentos que van sucediéndose en el ámbito hispano en esta centuria, recuerda a sus protagonistas y promotores y constata machaconamente su triste impotencia contra una infame maquinaria que fue muy difícil doblegar.

Desde los primeros años de la conquista de América por los españoles, puede decirse que la esclavización de los habitantes originarios era la norma, pues ya en 1503 se decretó la obligación del trabajo de toda la población en las condiciones establecidas por los encomenderos. Además de esto, a partir de ese momento y durante cuatro siglos, se calcula que 2,3 millones de africanos fueron conducidos a la fuerza a territorio español y sometidos a esclavitud, lo que supone una de cada cinco víctimas de la trata trasatlántica, el más lucrativo negocio de aquel tiempo. La esclavitud era la regla y ello es compatible con que se oyeran protestas sobre su carácter inhumano, las cuales en los siglos XVI y XVII no tuvieron mayor repercusión.

Sólo en el siglo XVIII comienzan a articularse movimientos abolicionistas que alcanzan cierta influencia, por ejemplo en Inglaterra a finales de la década de 1780. Poco después, en la estela de la Revolución haitiana, el Parlamento británico y el Congreso de los Estados Unidos prohíben la trata a través del Atlántico en 1807 y 1808, respectivamente, aunque ésta sigue boyante con destino a Cuba y el Río de la Plata. A lo largo del siglo XIX, Gran Bretaña se esfuerza en impedir el ignominioso comercio y otros países de Europa y América van a ir promulgando leyes abolicionistas, pero la resistencia a aplicarlas a veces era demasiado grande.

La situación en España y sus colonias

La prensa española informó en los años finales del siglo XVIII del avance de las políticas antiesclavistas en Europa y América, y no faltaron voces en el país que celebraran lo humanitario del empeño, pero la triste verdad es que una real cédula promulgada en 1789 legalizaba la captura de esclavos en África y su transporte a las plantaciones americanas, rompiendo de esta forma el monopolio de que gozaban hasta entonces algunas casas comerciales para tales fines. Al hilo de esto, en los años siguientes el tráfico traza una línea ascendente que se mantendrá medio siglo y convertirá Cuba en el primer productor de azúcar del mundo y uno de los territorios con mayor porcentaje de población esclava. Piqueras describe en detalle los intentos de diputados liberales en las Cortes de Cádiz de prohibir la trata y realizar una abolición gradual, voluntariosos pero saldados con un estrepitoso fracaso. Se concluye que: “La nación española liberal nacía esclavista y segregacionista”, y queda claro también su carácter clasista, pues por ejemplo se negaban derechos civiles a los “empleados de servicio doméstico”. Por lo que respecta a la América hispana independizada, los primeros países en decretar la abolición fueron México (1810), las Provincias Unidas de Centroamérica (1822), Chile (1823), Uruguay (1842) y Colombia y Ecuador (1851).

Las presiones de los británicos lograron arrancar a la corona española un compromiso de prohibir la trata al norte del ecuador a partir de 1820, con lo que ésta seguía siendo posible si las capturas se realizaban en el Congo, Angola o Mozambique. Los cargamentos ilegales apresados eran liberados, aunque en la práctica acababan condenados a una feroz explotación, mientras que los considerados legales se permitía que fueran vendidos como esclavos. En 1821 se registró un intento por parte del conde de Toreno de penalizar el tráfico mediante la aprobación de un decreto en las Cortes, pero al fin no se logró nada. En 1822, unas Cortes con más elementos “exaltados” introdujeron en el nuevo Código Penal un artículo que reprimía la trata, pero el retorno del absolutismo al año siguiente dio al traste con todo.

Estos proyectos infructuosos ocurrían mientras el tráfico, como decíamos, no cesaba de crecer, y la preocupación de los británicos al respecto se materializó en un nuevo convenio de prohibición, que se firmó en 1835 pero no se plasmó en legislación al efecto hasta bastantes años después. En relación con esto, en la década de 1830 hubo intentos de proscribir la esclavitud en un territorio español del que se excluían las provincias de ultramar, pero ni siquiera esto prosperó. En la península, la esclavitud no estaba regulada ni prohibida, y siguió existiendo hasta que fue abolida en 1866.

El caso de Cuba

Por lo que respecta a la situación particular en la Perla del Caribe, los datos son bien conocidos. En la era de la trata ilegal, entre 1821 y 1866, el número de africanos esclavizados llevados allí superó ampliamente el medio millón de personas, lo que evidencia a la vez la inoperancia de la clase política y la magnitud de los intereses económicos implicados. Hay que decir que estas expediciones debían burlar las patrullas continuas de los británicos por todo el Atlántico, y las diligencias de sus diplomáticos, destinadas a frenar el cruel comercio. Solamente durante la regencia de Baldomero Espartero, de 1940 a 1943, hubo un intento de reprimir el tráfico por parte del gobierno de Madrid, aunque sin interferir en la economía esclavista de la isla, que se saldó con una disminución importante del número de barcos negreros arribados a Cuba en esta época.

Piqueras nos informa en detalle del funcionamiento de la máquina esclavista, alimentada por la codicia de armadores y marinos y la complicidad venal de los políticos, y obstaculizada por el celo de los británicos por acabar con la trata, y después de 1865, concluida su guerra civil, también por los norteamericanos. El gobierno español ve que todo se pone en su contra y aprueba al fin una ley de represión del tráfico en 1866, año en que se produce en Cuba el último desembarco de negros que se ha podido constatar. La abolición en todo el territorio hispano hubo de esperar hasta la Gloriosa de 1868, cuando políticos que habían expresado estas opiniones accedieron a puestos de poder, y se logró en 1870 con la Ley Moret, ya en plena guerra contra los independentistas sublevados. Fue un primer intento, pero la nefanda institución se resistía a desaparecer. Para ello, el “partido negrero” compraba voluntades por toda España.

Los proyectos legislativos para una definitiva erradicación de la esclavitud en Cuba se multiplicaron durante la I República, pero nada fructificó y la Restauración borbónica enfrió las expectativas. Con el fin de la guerra colonial en 1878 (Paz de Zanjón), se concedió la libertad a los esclavos enrolados en el ejército rebelde y se hizo inevitable que la medida fuera general, con lo que en 1880 se aprueba una ley de abolición para la patria de Martí, aunque con unas condiciones aún enormemente protectoras hacia los propietarios. Es por esto que entre 1880 y 1886 existe una época de transición en la que los esclavos (231 699 a su comienzo) se convierten progresivamente en “patrocinados” con esperanzas de alcanzar la libertad en unos pocos años. Por fin, el 7 de octubre de 1886 se promulga el real decreto que extingue definitivamente la esclavitud en Cuba. De hecho España es el último país europeo en extirparla.

Memoria imprescindible

El aprovechamiento económico de las colonias registra escasas consideraciones filantrópicas a lo largo de la historia, pero lo que se dibuja minuciosamente en este libro para las Antillas españolas en el siglo XIX es un patrón de explotación que sorprende por su brutalidad en un momento en que por todo el mundo se desarrollaban ya movimientos que iban poniendo fin a la esclavitud. Los bienintencionados que trataban de introducir mejoras en estos asuntos en España y sus colonias eran impotentes ante una maquinaria económica bien engrasada, capaz de comprar voluntades en todos los estamentos de la sociedad. Los detalles del proceso resultan abrumadores.

Como se recuerda en el libro, en 2013 se conmemoró el sesquicentenario de la abolición de la esclavitud por los Países Bajos en sus colonias del Caribe. Ello dio lugar a una declaración gubernamental en la que se expresaba el “remordimiento y arrepentimiento” por la participación del país en la trata trasatlántica, y el rey Guillermo en un discurso pidió perdón “con toda su alma y corazón por la esclavitud”. Por supuesto nada de este tipo existe ni se espera en la monarquía hispánica, pero sí es bueno que los hechos infamantes y la memoria de sus víctimas no caigan en el olvido, y con este fin una herramienta preciosa son trabajos como El antiesclavismo en España y sus adversarios, de José Antonio Piqueras.