Primera versión en Rebelión el 3 de noviembre de 2019
Recién editado por la Fundación Anselmo Lorenzo y la Universitat Rovira i Virgili, en la que Antoni Gavaldà es profesor e investigador, Cataluña: avatares de la colectivización agraria (1936-1939) ofrece un análisis detallado de la situación en el campo catalán durante la guerra civil, aproximándonos al ideario y estrategias desplegadas en él por las organizaciones más influyentes y a las iniciativas que se sucedieron desde el poder encarnado en la Generalitat. En julio de 1936 el sueño secular de los campesinos de acceder a la propiedad de la tierra y explotarla sin que nadie se lucrara de su esfuerzo parecía al alcance de la mano, pero, como se describe pormenorizadamente en el texto, las pugnas políticas frustrarán el viejo anhelo muchos meses antes de que el fascismo conquiste Cataluña.
La obra comienza presentándonos a los sindicatos con mayor implantación en el campo catalán en el momento del golpe militar. La CNT se había reforzado tras absorber a la oposición treintista en el congreso de Zaragoza de mayo de 1936, y proponía en el ámbito rural la expropiación de los latifundios y su entrega a los sindicatos de trabajadores para su disfrute comunitario, así como la supresión de las rentas. Otra organización poderosa era la Unió de Rabassaires (UdR), liderada por el abogado Lluis Companys, que evoluciona en sus reivindicaciones desde reclamar una mejora de las condiciones de los que sufrían este tipo de arrendamiento, muy frecuente en el campo catalán, hasta plantearse, a partir de su II congreso en mayo de 1936, la socialización de la tierra y la formación de explotaciones colectivas donde éstas fueran rentables. La UdR estaba ligada a Esquerra Republicana de Catalunya (ERC), aunque se distanciara de ella cuando la consideraba tibia en la defensa de sus intereses.
La imposible reforma agraria en la Cataluña en guerra
Derrotada la sublevación fascista en todo el territorio catalán, no es hasta el 5 de septiembre que un pleno agrario de la CNT acomete la reorganización del campo, y contra la opinión dominante de sus afiliados, decide renunciar a la colectivización total que algunos sectores antifascistas rechazarían, para optar por otra voluntaria y parcial. Desde la Generalitat y su Consejería de Agricultura en manos de la UdR, se critica con dureza esta propuesta tan moderada, pero ello no es óbice para que las expropiaciones y colectivizaciones se extiendan por toda Cataluña. En el mes de diciembre, se trabaja en un acuerdo entre la CNT y la UdR que dé forma legal a estas acciones y posibilite una auténtica reforma agraria. Sin embargo Gavaldà nos describe en detalle cómo éste es boicoteado sistemáticamente por la UdR y la UGT. Este hecho marcará la historia posterior del agro catalán durante la guerra civil.
Tenemos así que en diciembre de 1936 la CNT se queda sola defendiendo una tibia colectivización en el campo catalán. Su respuesta se caracteriza en general por la prudencia y el sometimiento crítico a los nuevos poderes que la “revolución” ha alumbrado, con excepción de algunas comarcas de Tarragona donde los libertarios impusieron una colectivización forzosa que originó graves enfrentamientos en los primeros meses de 1937. Las comunas constituidas por toda Cataluña van a sobrevivir hasta el final de la guerra en condiciones precarias, resistiendo los intentos de control por parte de la Consejería de Agricultura de la Generalitat, en manos de la UdR, y los organismos creados por ésta, y tratando con escaso éxito de establecer sus propios mecanismos y redes de apoyo.
La plétora de información aportada por Antoni Gavaldà en Cataluña: avatares de la colectivización agraria (1936-1939) dibuja un retrato ciertamente descorazonador. El golpe militar había sido derrotado y se abrían inmensas posibilidades constructivas, pero que éstas se materializaran requería aunar esfuerzos en torno a unos objetivos claros. En esta situación crítica, la estrategia de la CNT de buscar formas de explotación y canalización de la producción autogestionadas y socializadas, fue combatida sin descanso y torticeramente por organizaciones e instituciones empeñadas, por su sustrato ideológico, en una defensa sin cortapisas de la propiedad privada.